El control establece métodos que vigilen el ejercicio abusivo del poder, es decir, que se respeten las acciones normativas y no normativas del gobierno. Para lograrlo se vale de un sistema de responsabilidades, de reglamentos y disposiciones en las cuales se prevén sanciones y actos para, en su caso, reparar el agravio. Es, en resumen, la función que consiste en controlar la actividad de la administración del estado, mediante cualquier instrumento o acción parlamentaria.

La interdependencia de los órganos evita la concentración del poder y cumple, con esta función de limitación y por tanto de equilibrio, así el poder legislativo es un órgano autorizado para elaborar leyes que a su vez cuenta con facultades político-administrativas como la delimitación del territorio del Estado; el poder ejecutivo se encarga de la observancia de las normas, expidiendo reglamentos; por último el poder judicial asegura la eficacia del sistema jurídico mediante la defensa de la Constitución y los derechos fundamentales, además de regular entre los otros dos poderes.